RESEÑA DEL LIBRO 

Los pobres están invitados a la mesa. La alimentación popular en Chile, 1930-1950

Reseña de Andrés Rojas 

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COLUMNA:

Gabriel Salazar y la obra Labradores, peones y

 proletarios.

A 40 años de su publicación.

La dimensión internacional de un quehacer intelectual

Este 2025 se cumplen 40 años de la publicación que marcó un punto de inflexión en la historiografía chilena, en especial en el contexto de la dictadura, como es el libro del historiador Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, publicada por Ediciones Sur en septiembre de 1985. Esta columna busca poner en valor dicha obra y situarla en el contexto ideológico de la segunda mitad de la década de 1980 y el papel que tuvieron las elites globalizadas en apoyar la corriente historiográfica de la Nueva Historia Social en un marco mayor de discusión sobre el tipo de democracia y el modelo de transición que debía desarrollarse en Chile. Señalamos que la Nueva Historia Social habría jugado un papel fundamental como relato oficial de la Transición chilena, ofreciendo una lectura crítica del Chile Republicano, con la finalidad de desactivar el movimiento obrero y promover nuevos tipos de ciudadanía y modalidades de lucha, que fueron funcionales a un modelo político y económico dictado por las agencias y elites globales. Una pregunta recorre este escrito:

¿por qué las elites globalizadas y agencias internacionales estuvieron interesadas en financiar, durante los años 1980 y 1990, el proyecto de Nueva Historia Social que Gabriel Salazar lideraba?

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El caos mundial, la compra de la casa de 

Salvador Allende y las derivas populistas

 

 

“El Estado Constitucional de Derecho es la condición institucional que permite a todos vivir en paz, porque en él el goce de los derechos no pende del arbitrio de un individuo o de una facción, sino que está garantizado por normas abstractas y generales, lo que se perfecciona cuando se funda en la democracia. Si en una república democrática, como es la nuestra (artículo 4°), la soberanía reside en el pueblo, éste se expresa directamente a través del poder constituyente y se objetiva jurídicamente en la Constitución, la cual no es una simple carta política, sino que la ley superior del ordenamiento jurídico que define el sistema de fuentes del derecho y, además, tiene fuerza normativa directa. Así, todos los órganos del Estado y sus titulares son poderes constituidos y sometidos, por lo tanto, a la Constitución” (Tribunal Constitucional, 10 de abril 2025).

 

Un Ceo del banco JP Morgan señaló, a propósito de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, que el mundo vive el entorno más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay que matizar esa declaración: ese entorno peligro tuvo sus orígenes en la década de 1930, al menos una década antes de la invasión alemana a Polonia en 1939. Cuando los partidos políticos se ven como corruptos, la democracia como incapaz de enfrentar el crimen organizado y el Estado como un botín, las personas empiezan a mirar salidas autoritarias que restablezcan, de algún modo, cierto orden perdido. Fenómenos como el ascenso de Hitler en la Alemania de los años 1930 o salidas populistas actuales como la de Bukele en el Salvador o del mismo Donald Trump en los Estados Unidos, parecen dar respuesta al votante que ve en estos liderazgos una salida a la crisis que experimenta.   

     En el presente parece que ya no se trata de luchar por la democracia a secas, vacía de contenido, sino que, por el contrario, los ciudadanos comienzan a preguntarse qué democracia se debe apoyar y promover en este nuevo entorno peligroso. Lo preocupante, más allá de las derivas populistas o autoritarias, es que las autoridades –presidenciales, parlamentarias o de instituciones públicas– construyan espacios de poder inmunes a la crítica ciudadana, espacios que alienten ejercicios antidemocráticos, de violación a la Constitución de la República o directamente de corrupción. No cuestionar el poder, por conveniencia o miedo, es ser cómplice de las consecuencias dañinas que su ejercicio puede acarrear. 

        El caso de la compra de la casa del Presidente Salvador Allende, así como el conjunto de desprolijidades que han salido a la luz pública y que llevaron a la destitución de la Senadora Isabel Allende por el Tribunal Constitucional debe ser un llamado de atención a que el trabajo mal hecho, la falta de controles a la función pública, el dejar hacer, la flojera intelectual, una cadena de errores de los cortesanos de turno, significó el fin de la carrera política de una senadora de la República. Pero el aprendizaje de fondo es que, si no hay medidas ni contrapesos y somos condescendientes con el poder, el daño que se le puede hacer a la democracia será irreversible.

        El que una serie de asesores de alto nivel no hayan rechazado la compra de la casa de Salvador Allende sólo se explica por la banalidad con la que asumieron sus responsabilidades públicas. En orden de magnitud un horror administrativo no se compara con los horrores de una dictadura –la “banalidad del mal” según Hannah Arendt–, pero la suma de estos errores o la intención tozuda de llevar hasta las últimas consecuencias las convicciones propias, como era transformar la casa de Salvador Allende en un museo, puede llevar a que la población se harte de la política y de los políticos y opte por salidas populistas. Que esto sea una lección para entender que los peligros para la democracia no solo nacen de los populistas de turno, sino de funcionarios públicos que abusen del ejercicio de su autoridad y pretendan salir impunes.

        Tal como señaló el fallo del Tribunal Constitucional, con fecha 10 de abril de 2025:

“Existe, en consecuencia, una íntima vinculación entre democracia y Estado Constitucional”

 

 

INFORME FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

Estudio sobre el mercado del hospedaje 

El año 2024 La Fiscalía Nacional económica investigó el mercado del hospedaje en Chile, revisando la dinámica competitiva del sector en los últimos años. Para dar contexto histórico a la industria, utilizó nuestros trabajos sobre la industria turística y el empresariado hotelero (Ver en especial Sección Antecedentes, letra B Historia del mercado del hospedaje en Chile)

                                  Hotel Miramar, Viña del Mar, 1949 (Archivo Fotográfico, BN)

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Huachipato, los últimos vestigios de la clase obrera

Columna de Patricio Herrera y Juan Carlos Yáñez

Con los obreros del acero de Huachipato desaparecen 74 años de patrimonio económico y cultural, pero también nuestras oportunidades de saber competir en un mundo global con capacidades instaladas, que se construyen como parte de una herencia industrial, lo que se desvanecerá inexorablemente al apagar el horno de la usina.

FORO DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES 

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UN RECTOR Y UN JUEZ 

QUE SON UN PELIGRO PARA CHILE

 

La delincuencia y las demandas por mayor seguridad han sido los tópicos que inundan el debate hace muchos años, todo agravado después de la pandemia. Fenómenos como la globalización, aumento del crimen organizado, así como la presencia de bandas internacionales o transnacionales, son fenómenos que la institucionalidad del Estado chileno no está en capacidad de enfrentar, al menos no con las herramientas tradicionales.

         Hay ciertos consensos sobre los cambios que ha tenido la delincuencia y cómo las estadísticas muestran un crecimiento sostenido de las tasas de criminalidad, en especial la de homicidios. De acuerdo con la información oficial, de aquellos homicidios que se producen en la calle y sin autor conocido, las posibilidades de llegar a procesar a su autor no supera el 10% de los casos. La criminalidad también ha cambiado, son delincuentes que se han criado en un mundo virtual del cual se desconectan cuando quieren, no teniendo ninguna sujeción marcada por las consecuencias de sus acciones. La vida ya no tiene ningún valor, o al menos no el valor de un par de zapatillas, por las cuales los jóvenes están dispuestos a matar, donde hoy primero se dispara y luego se roba. Ya no es la bolsa o la vida, sino la bolsa y la vida.  

         La polémica decisión de un juez de la república que autorizó video conferencias de una célula del Tren de Aragua con el exterior y además visitas conyugales, en una cárcel de alta seguridad que está destinada al control y seguimiento de criminales de alta peligrosidad, ha abierto un debate que en Chile despierta pasiones pero que no conduce a nada. El juez argumentó su decisión apelando a tratados internacionales, la práctica de la buena justicia y motivaciones en pro de la reinserción del delincuente. Argumentos tan genéricos que no pueden aplicarse cuando tales decisiones pueden afectar investigaciones en curso o pueden incentivar nuevos delitos desde las mismas cárceles.

         Sin embargo, lo más interesante de la polémica fue la columna en defensa del juez Urrutia del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, conocido por sus comentarios dominicales, su pensamiento liberal progresista y ser uno de los autores de la Reforma Procesal Penal, lo que podemos llamar el “Transantiago de la justicia” del gobierno de Ricardo Lagos. Dicha reforma, necesaria en sus aspectos principales, estableció un sistema garantista a toda prueba, que puso el foco del proceso en la defensa del acusado y no de la víctima; que no fue acompañada con una reforma del Código Penal de hace más de 100 años; y que, por último, no se hace cargo hasta el día de hoy, en ninguno de sus aspectos, de la nueva criminalidad existente en Chile.

         Los argumentos de la defensa del rector Peña parten cuestionando las críticas formuladas a la decisión del juez como “viscerales, hechas para la galería”, cuestionamiento propio de un intelectual que al parecer sale poco de su oficina de rectoría. Los argumentos de fondo apuntan a destacar los derechos de los criminales, pero en especial que estamos en un Estado de Derecho, cuyos garantes son las leyes y jueces. Negar la llamada a los acusados conduciría –según Peña– a transformarlos en víctimas del Estado. Nos recuerda el rector que el Estado son un conjunto de reglas y principios que permiten la vida en sociedad y que no podemos violar sin poner en peligro nuestra propia convivencia. 

               No hay que perderse, el liberalismo del rector Peña imagina una sociedad organizada por reglas del mercado que provee los bienes y servicios necesarios para su reproducción, junto con un espacio público de lo político que asegura la trascendencia de nuestras acciones individuales. Por supuesto que hay males en este universo del rector Peña (robos, desfalcos, asesinatos, entre otros), pero que serán sancionados por una comunidad de hombres buenos (un apasionado del mundo griego). En este proyecto político liberal de cuño "progresista" no hay espacio para el Estado, haciéndole el juego, paradojalmente, a otros grupos que desde distintas veredas buscan destruirlo. 

                El discurso de estas vanguardias progresistas nos revela los peligros que reporta para una sociedad la existencia de intelectuales desconectados de la realidad, que la observan a partir de principios ideológicos y doctrinarios pensados para 200 años atrás, y que no ofrecen soluciones eficientes para el mundo que les toca vivir. Viven en un castillo de cristal, reflexionando sobre el tiempo presente, en la seguridad de que por esos cristales solo pasará la luz del día y jamás la oscuridad de la noche.  

        Sería bueno recordarle al rector Carlos Peña que el Estado de Derecho, al cual apela todos los domingos desde su escritorio, está en crisis y es sometido a prueba todos los días por la misma criminalidad que ese Estado debe defender. Solo un ejemplo, para finalizar. No existe en Chile la pena de muerte, pero esta pena de muerte la aplican todos los días los delincuentes a sus víctimas, mientras el Estado mira perplejo sin saber qué hacer. 

 

 Patricio Herrera y Juan Calos Yáñez (Eds.)

Alcohol y trabajo en América Latina. Siglos XVII-XX.

Experiencias económicas, políticas y socioculturales.

Valparaíso: América en Movimiento, 2019

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Libro Los pobres están invitados a la mesa

Diario Austral, 2 de julio 2023

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 El Líder de San Antonio publica trabajo sobre las colonias escolares en Chile

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 La Conquista del turismo en Chile.

 Columna de opinión Radio Bio Bio, de Juan Carlos Yáñez

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 "Una ley antinegacionismo puede generar autocensura entre los

historiadores" Entrevista Radio Bio Bio

El académico de la Universidad de Valparaíso ha dedicado años al estudio de las políticas sociales llevadas a cabo por el Estado chileno durante el siglo XX, además de investigar los procesos de construcción de la nación. En esta entrevista concedida a Bío Bío afirmó que le gusta más hablar de “consensos historiográficos más que de verdad histórica” y declaró que teme que una ley antinegacionismo pueda provocar una “autocensura” en los historiadores, “en donde no hagamos proyectos de investigación para repensar el pasado reciente u ofrezcamos nuevas miradas, por ejemplo, sobre el quiebre democrático, o con respecto a los procesos de modernización que llevó a cabo la dictadura militar”.

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ENTREVISTA AL DR. JUAN CARLOS YÁÑEZ ANDRADE

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN 

La publicación pertenece al Dr. Juan Carlos Yáñez, académico de la Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica.

Con una nueva obra el Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales (CIDEP) de la FACEA, amplía su catálogo de publicaciones. Esta vez con “El tiempo domesticado. Chile, 1900-1950” del académico Juan Carlos Yáñez, libro que trata sobre cómo el trabajo, la cultura y el tiempo libre influyó en la configuración de las identidades laborales en dicho período de la historia de nuestro país.

La publicación recoge un conjunto de problemas y temáticas que han sido parte de las investigaciones del académico en los últimos 20 años: 

“En especial, en cómo se reconoció históricamente la idea de que los trabajadores tenían derecho al descanso y el disfrute del ocio y tiempo libre, aspectos que eran considerados, tradicionalmente, como patrimonio de los sectores adinerados de la sociedad. Diría que la conquista del ocio, del tiempo libre, y agregaría las vacaciones, son una de las mayores conquistas del siglo XX”, señaló el Dr. Yáñez.

Respecto del objetivo concreto que se propone el libro, el académico sostuvo que es “dar cuenta de los distintos debates y disputas que se dieron sobre el ocio y tiempo libre de los trabajadores, entendido como un campo de luchas en donde operaron discursos científicos sobre la recuperación de las fuerzas físicas de la población, así como dispositivos bien específicos que permitieron modelar nuevas pautas culturales en los sectores populares. Es por ello, que el libro se mueve desde la eliminación de prácticas como ‘El San Lunes’, la jornada continua, el uso que los empresarios le dieron a los jardines y huertos obreros, y las prácticas turísticas que comenzaron a darse entre los trabajadores a partir de la década de 1930”.

Cabe destacar que este libro es la contracara de anteriores publicaciones del Dr. Yáñez, las cuales han abordado la constitución de la sociedad salarial:

“En la medida que los trabajadores conquistaron derechos, como el descanso dominical y la jornada de ochos horas diarias, se hizo evidente la necesidad de responder la pregunta de qué hacer con ese tiempo libre del que disponían los trabajadores, todo cruzado por intereses de las élites políticas, intelectuales, sindicales y empresariales. De esta forma, el actual proyecto Fondecyt N°11190167, que estoy ejecutando aborda las prácticas turísticas de los trabajadores entre 1930 y 1973, en lo que se ha dado en llamar turismo social”, puntualizó.

ACTUALIDAD LABORAL

Sobre similitudes y diferencia entre el periodo escogido por el académico y la actualidad, el Director Alterno del CIDEP, argumentó que “los tímidos debates que se han dado en los últimos años sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, se mueven en los mismos términos que se dieron los debates de comienzos del siglo XX en torno al descanso dominical y la jornada semanal de 48 horas. Lamentablemente no hemos podido avanzar en un debate serio sobre la aprobación de la jornada de 40 horas semanales, porque los enfoques se siguen moviendo en la lógica de que el ocio y el tiempo libre es la contrapartida del trabajo y, por lo tanto, los empresarios piensan que esto es una concesión que ellos deben hacer”.

“Creo que la pandemia es un buen momento para enfrentar el desafío de cómo organizar el trabajo en el futuro, ya que las personas han sido puestas a prueba, con experiencias concretas como el teletrabajo, el trabajo part time y qué hacer con su tiempo libre. Como lo he planteado en otras entrevistas y columnas, discutir la reducción de la jornada laboral en el Chile actual debe dar cuenta de manera integral del ocio y tiempo libre como un derecho fundamental para conformar una sociedad sana, pero sin perder de vista un enfoque integral, que incluya temas como la productividad laboral, la capacitación y la oferta de bienes culturales que el Estado y los privados deben entregar. Me parece que este tema es un lindo desafío para los próximos constituyentes” concluyó el académico.

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La reforma del sistema previsional y el debate constituyente.

Las paradojas y paralelos del siglo XX

 

En pleno debate por el retiro del 10% de los fondos previsionales para que las familias enfrenten los efectos económicos de la pandemia, bien vale la pena repasar los cien años del sistema previsional chileno. Lo primero que llama la atención son algunas paradojas que permiten establecer ciertas analogías entre los diferentes modelos implementados durante el siglo XX.

Primero: la seguridad social fue impulsada en 1924 por los militares y desmantelada por los mismos militares en 1980. Por ello, la legitimidad del sistema es esencial, la cual se construye con el tiempo, aunque dicha legitimidad no esté asegurada.   

Segundo: la seguridad social instaurada en 1924 fue eficiente en entregar crecientes prestaciones a los afiliados, aunque los fondos de reserva enfrentaron progresivos costos por la administración y los generosos beneficios que ofrecían. Por el contrario, el actual sistema de AFP, instaurado en 1980, ha sido eficiente en acumular fondos por un monto de 200 mil millones dólares, aunque ofrece prestaciones muy pobres, cuyo promedio de pensiones alcanzan para el primer semestre de 2020 los 250 mil pesos.  

Tercero: tanto el primer modelo previsional de 1924, como el de 1980, fueron aprobados en un marco de crisis del sistema político y de debates que decantaron en una nueva constitución: la de 1925 en el primer caso y la de 1980 en el segundo.

De manera casi premonitoria hoy enfrentamos una crisis política que incluye tanto el sistema de representación como el modelo presidencialista, crisis profundizada por el estallido social del pasado 18 de octubre. No es raro, entonces, que la discusión sobre el modelo previsional se dé en el marco de un nuevo pacto social y político que debe proveer la Constitución Política de la República. Dicho pacto debe ofrecer garantías no solo para asegurar el correcto funcionamiento político y de los órganos del Estado, sino también para asegurar a todos los miembros de la comunidad el desarrollo pleno de sus facultades, garantizando la protección frente a los riesgos de vivir en sociedad.

De esta forma, si bien los sistemas previsionales no debieran ser objeto de normas constitucionales no es raro que dichos sistemas estén alineados en términos valóricos con los principios y derechos fundamentales que la constitución busca proteger. Así se entiende que la Constitución de 1925 reconociera por primera vez en Chile la protección de los derechos sociales y la Constitución de 1980 estableciera el principio de subsidiaridad.

El ahorro popular y el primer sistema de seguridad social

Si bien la promoción del ahorro popular había tenido cierto éxito con la creación de las mutuales en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras cajas de ahorro popular a fines del mismo siglo, fue con la creación de la Caja del Seguro Obrero en septiembre de 1924 que el ahorro previsional se hizo obligatorio para los trabajadores. En septiembre de 1924, y luego de un golpe de estado que obligó a renunciar al Presidente de la República, Arturo Alessandri, el Congreso aprobó la Ley N°4054 que creó la Caja del Seguro Obrero, proyecto original del médico y parlamentario Exequiel González Cortés, el cual seguía el modelo de seguridad social alemán.

La Caja del Seguro Obrero de 1924 estableció que los trabajadores debían cotizar 2% de su salario, los empleadores aportar con el 3% y el Estado el 1%, fondos que debían ayudar a costear las enfermedades, invalidez, accidentes, vejez y muerte. Se dejó de lado el seguro de cesantía por los riesgos –según se decía– de incentivar el empleo informal, aunque en la práctica el Código Laboral de 1931 estableció una indemnización por despido. La lógica del sistema operaba en base al compromiso de que los trabajadores cotizarían para enfrentar la pérdida de la capacidad de trabajo y su recuperación para reinsertarse al mercado laboral. Por su parte, los empleadores debían ayudar a financiar el sistema por el uso que hacían de la fuerza de trabajo y donde el salario no ayudaba a compensar del todo ese desgaste. La participación del Estado se justificaba porque ahorraría muchos recursos en la beneficencia pública que atendía a los sectores más pobres y la paz social que se alcanzaba al resguardar la fuerza de trabajo. 

La Caja del Seguro Obrero de 1924 funcionó en materia de pensiones como un sistema de capitalización individual y en materia de salud como de reparto, administrado por un modelo corporativo que integraba en la gestión de los fondos al Estado, los empleadores y trabajadores. Esto explica el interés creciente del movimiento obrero y patronal en participar de las cotizaciones obligatorias. Sin embargo, el pecado original de este primer modelo de seguridad social fue que al vincular de manera directa el sistema previsional a la condición asalariada de los aportantes, excluyó a aquellas personas de ingresos superiores y los independientes, junto con dejar abierta la posibilidad de que cada sector gremial luchara por formar sus propias cajas de retiro, fragmentando el sistema en un número tal de cajas que lo hizo insostenible al aumentar de manera creciente los gastos en administración. De hecho, los gremios más fuertes –como los empleados– lograron obtener mejores prestaciones.

La reforma que se hizo al sistema previsional en 1952 (Ley N°10.383) aumentó la cotización a un 20% del salario, con un 5% aportado por el trabajador, un 10% por el patrón y un 5% por el Estado, transformado la capitalización individual a una de reparto. Además, se incluyó a los trabajadores independientes, los que debían cotizar por un 15% del salario mínimo. Se mantuvo la edad de jubilación en 65 años para los hombres y de 60 años para las mujeres, estableciendo la posibilidad de retiro a los 55 años para aquellos que realizaran trabajos pesados. También agregó el seguro de desempleo que no había incluido el régimen de 1924. Sin embargo, no se avanzó en centralizar el sistema en una sola caja de seguridad social que integrara a todos los trabajadores chilenos.

Hacia la década de 1970 la caja del seguro obrero y el resto de las cajas de previsión (empleados públicos, particulares, entre otros) habían logrado un efecto positivo en el mercado laboral chileno, ayudando en el aumento del empleo formal, llegando a cubrir un 85% de los potenciales afiliados. Además, seguía ofreciendo prestaciones generosas en materia de vejez, salud y préstamos a los imponentes. 

 Las AFP y la discusión actual sobre su reforma

Si bien el sistema previsional chileno no mostraba signos de desgaste, había un consenso generalizado en los años 1960 y 1970 de la necesidad de su reforma, en especial el integrar en una sola caja previsional a los trabajadores, disminuyendo los costos de administración, junto con revisar prestaciones como las asignaciones familiares.

El golpe de estado de 1973 y la incorporación de la ideología neoliberal (Chicago Boys) a partir de 1975, hizo que la necesidad de la reforma del sistema previsional se transformara rápidamente en la discusión sobre su reemplazo. Muchos intelectuales han alimentado el sentido común de creer que las AFP –creadas por el decreto Ley 5.300 de 1980—surgieron para proveer un mercado de capitales a los grandes grupos económicos, y solo secundariamente para entregar pensiones. Si bien esto es cierto, lo es solo si ese análisis se hace desde el presente y observando cómo funciona actualmente el modelo, pero en 1980 no era todo tan claro. De hecho, había razones más “simples” para modificar el sistema de cajas previsionales.

Durante la década de 1970 las prestaciones crecieron sin parar y el aporte del Estado llegó a representar el 30% de los ingresos anuales de la Caja del Seguro Obrero. Además, los empresarios reclamaban por el 10% que debían cotizar para sus trabajadores. La crisis económica de los años 1970, con el cortejo de cesantía y aumento del empleo informal, no hizo sino acentuar la sensación –falsa, por cierto– de que todos los actores “ganaban” reformando el sistema. El Estado se ahorraría muchos recursos, los empresarios dejarían de aportar su 10% y los trabajadores aumentarían su salario al doble, ya que las AFP solo le descontarían el 10%. A eso hay que sumarle la propuesta de una tasa de reemplazo de un 70%, una campaña publicitaria a todo dar –con artistas, animadores e ídolos de fútbol– y las presiones y amenazas que vivieron miles de trabajadores para cambiarse a las AFP. Este fue el pecado original del sistema de AFP, el dejar al trabajador como responsable único de las cotizaciones.

 La crisis social del 18 de octubre, la crisis económica que el país arrastra desde meses y la crisis sanitaria producto de la pandemia, no han hecho sino apurar la discusión por la reforma del actual sistema previsional, junto con la reforma constitucional. La discusión está abierta, e impulsada por la iniciativa del retiro del 10% de los fondos previsionales, una propuesta atractiva a primera vista porque coloca al cotizante frente a la elección de recibir los fondos para suplir necesidades actuales o guardarlos para su jubilación, objetivo que todo fondo de previsión busca. Los partidos renuncian a sus convicciones en un marco de crisis ideológica y pérdida de sentido de la política, eliminando de un plumazo las políticas de focalización y de progresividad.  

En medio de este debate se han adelantado propuestas de reformas que apuntan hacia un modelo de reparto o mixto. Sin embargo, si alguien escucha de un político o economista una propuesta que señale que al eliminar las AFP los cotizantes van a obtener en el futuro, por arte de magia, pensiones superiores al ingreso mínimo, hágales la siguiente pregunta: ¿sobre qué bases se funda cualquier sistema previsional en el mundo, más allá de si éste comprende aportes estatales, patronales o de los trabajadores?  La respuesta es simple, con tres pilares fundamentales: el trabajo, la cotización obligatoria y el pago de impuestos. Ningún país ha construido un sistema sólido de previsión sin fundarlo en el valor del trabajo como fuente de producción e ingresos, el ahorro obligatorio que nos invita a pensar en la seguridad del mañana y, por último, el comportamiento ético de cada uno de nosotros que permite que el Estado recaude los impuestos necesarios para proveer de bienestar social a su población.

Juan Carlos Yáñez Andrade

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Doctor en Historia, académico de la Universidad de Valparaíso y

Director alterno del Centro de Investigación en Innovación,

Desarrollo Económico y Políticas Sociales de la Universidad de

Valparaíso.

 

 

M DE MALDITO

 

En 1931 el director alemán Fritz Lang dirigió la película M, el vampiro de Dusseldorf, o también conocida como M de Maldito, historia que trata sobre un abusador y asesino en serie de niñas. Son muchos los aspectos artísticos y cinematográficos que transforman esta obra en una creación maestra. Sin embargo, lo más interesante es su trama conexa.  

Este vampiro –o maldito– a diferencia del vampiro clásico, es un sujeto sin poderes sobrenaturales y que aparece en circunstancias cotidianas como un ser normalizado en medio del devenir urbano. La clave del filme es el entramado social que rodea los asesinatos y que dan cuenta del contexto de fines de la República de Weimar (1919-1933). Es conocido el análisis que ofrece Alfred Kracauer sobre esta película, la cual junto con otras prefiguraría –según él– el ascenso del nazismo, con el sometimiento a los poderes irracionales que movilizan el alma humana; los miedos que tienen las personas al enfrentarse a lo desconocido; la aceptación del control gubernamental a cambio de mayores grados de seguridad; o la facilidad que tienen las personas en dirigir hacia alguien o un grupo la causa de todos los males.

                                                         Imagen del film de Fritz Lang

La urbe aparece como un espacio de angustia cuando las madres empiezan a sufrir por la pérdida de las niñas; en un lugar de desconfianza cuando cualquier persona, por sus conductas o actitudes, se transforma en un potencial asesino; en un ámbito de control y vigilancia cuando todas las actividades propias de los ciudadanos son observadas meticulosamente por la policía.

Frente a los desafíos y necesidad de atrapar al asesino en serie, son los mismos criminales quienes, por el temor a no poder seguir cometiendo sus propios delitos, debido a la seguridad desplegada en la ciudad, deciden darse a la tarea de perseguir y juzgar al asesino.

Estos últimos días el caso de la desaparición de Ámbar y el posterior hallazgo de su cadáver nos ha enfrentado a nuestro propio vampiro. Hemos descubierto –una vez más– que el sistema judicial es permeable, ya sea por la habilidad de los delincuentes que conocen los vacíos del antiguo y obsoleto Código Penal, o la negligencia de algunos jueces que asumen solo los aspectos garantistas del actual Código de Procesamiento Penal, sistema que permitió poner en libertad a un asesino que no debió haber salido de la cárcel. 

¿Por qué en la película de Fritz Lang los propios delincuentes decidieron perseguir y juzgar al asesino en serie? Porque al conocer los vacíos del sistema judicial temían que el asesino serial se hiciera “pasar por un loco” y evitara de esta forma el peso de la ley. 

¿Qué nos muestra la película M, el vampiro de Dusseldorf y el cruce con el caso de la muerte de la adolescente Ámbar? Que el vampiro y los asesinatos en serie pueden, como en la Alemania de los años 1920, prefigurar los peores males de una sociedad que cae en el abismo de la corrupción, las pasiones y la violencia, donde son los mismos criminales, hastiados por toda la decadencia, quienes deciden hacer justicia por sus propias manos. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar a que sean los delincuentes que terminen persiguiendo a los criminales?

El éxito de saber contar y el arte de gobernar las poblaciones

 En las últimas semanas el centro de estudios Espacio Público ha cobrado notoriedad y reconocimiento en medio de la pandemia, en especial por la disputa con el Ministerio de Salud de Chile a propósito de la metodología para contabilizar el número de fallecidos provocados por el Covid-19. Sin embargo, en medio de este debate, ¿qué hay detrás de este interés por contar el número de fallecidos y la forma de hacerlo?

Ver columna El ciudadano

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Que las pandemias reducen los confines del mundo no cabe ninguna duda, al menos desde la llamada “gripe española” de 1918, obligando a coordinar los esfuerzos a nivel internacional. Población nacional y población mundial, siendo la gestión de esta última un proyecto que se impone luego de las grandes guerras del siglo XX, incluyendo la Guerra Fría. La gestión de la población pertenece a las herramientas conceptuales de Michel Foucault (Seguridad, territorio y población, 2014) y se refiere al conjunto de dispositivos de saber, de intervención y de subjetivación que son constitutivos de la gubernamentalidad. Estos mecanismos de gestión comprenden los dispositivos de seguridad, es decir el conjunto de técnicas como el cálculo de probabilidades, la gestión de los riesgos, evaluación de costos, el control a distancia de los comportamientos peligrosos, entre otros. Si las técnicas clásicas están asociadas a procedimientos, reglamentaciones u ordenanzas que prohíben, controlan, ejecutan y disciplinan con el fin de vigilar y castigar, la política de seguridad, por el contrario, busca poner en práctica un programa de gobierno que supone la gestión y el cálculo de los problemas de la población. Por ejemplo, en la criminalidad las técnicas de seguridad plantean la cuestión de saber “cómo mantener, en el fondo, un tipo de criminalidad, como el robo, al interior de los límites que son social y económicamente aceptables y en torno a los medios que se van a considerar como óptimos para un funcionamiento social dado” (Foucault, 2014, p.7). Dicho en términos simples, parece que ya no importa el delincuente ni menos la víctima, sino la gestión de la criminalidad como un problema más de la población.

En este sentido –no nos perdamos– los fallecidos por Covid-19 parecen importar muy poco, lo que importa es la gestión de la pandemia, y de paso la aceptación por parte de la población de los dispositivos de seguridad. Es decir, Foucault entiende la noción de gubernamentalidad “como el conjunto de instituciones, procedimientos y análisis que permiten ejercer esta forma de poder que tiene por objetivo principal la población, que tiene por saber la economía política y por instrumento técnico los dispositivos de seguridad” (p.111). Dicho de otro modo, la gubernamentalidad implica la introducción de dispositivos de gestión ligados a saberes cada vez más especializados, sin control efectivo, y donde la estadística es uno de ellos, y quizás el más importante. Por ello, no debiera sorprender que la disputa entre el centro de estudios Espacio Público y el Ministerio de Salud se centre en la estadística de fallecidos.   

A nivel de las instituciones internacionales, la gestión de la población mundial exige formas también nuevas de dominio y de experticia que plantea la gubernamentalidad. Si los objetos de la policía –en su sentido clásico de control– son de carácter urbano y se refieren a los problemas de la urbe –provocados por intercambios y circulaciones restringidas a los espacios de la ciudad–, se entiende que por existir circulaciones trasnacionales una noción global del mundo se impone de manera definitiva durante el siglo XX, con lo cual se facilitan los programas de intervención a nivel planetario. De ahí, por ejemplo, que las crisis globales hayan asegurado el surgimiento y consolidación de agencias reguladoras en materia fiscal (FMI), y las pandemias hayan asegurado, por su parte, el surgimiento y consolidación de agencias sanitarias (OMS).

Espacio público, es un centro de estudios financiado por diversas agencias y entidades públicas y privadas. Por ejemplo, recibe un financiamiento importante (sobre $100 millones) de la Fundación Nacional para la Democracia, creada por el presidente norteamericano Ronald Reagan y asociada indirectamente al Departamento de Estado, cuyo objetivo apunta a promover “la democracia liberal”. También apoyan a Espacio Público fundaciones filantrópicas con una clara agenda de gubernamentalidad como la Fundación Ford, Konrad Adenahuer o Tinker Foundation. Otros aportes corresponden a Chilevisión, la Embajada de Canadá, y agencias de gobierno de Chile como el Ministerio de Desarrollo Social y el Laboratorio de Gobierno.

El debate aparentemente técnico entre Espacio Público y el Ministerio de Salud de cómo contar los fallecidos por Covid-19 es propio de los debates de naturaleza cercanos a la gubernamentalidad, cruzados por intereses de agencias internacionales. ¿Qué es lo que está en juego detrás de la supuesta subestimación de muertos por parte de los informes del Ministerio de Salud y la propuesta de corrección por parte de Espacio Público? La corrección propuesta por Espacio Público y que implica incluir a los probables -sospechosos- fallecidos por Covid-19, independiente de si existe o no una prueba PCR, ayudaría, según esta agencia, a tres objetivos claros: Primero, acoplar los registros de fallecimientos en Chile con los estándares internacionales de países desarrollados, que permite –se supone– hacer comparables las cifras y mejorar la gestión global de la pandemia. Segundo, ayudar a una eficiente gestión sanitaria, mejorando las condiciones en el manejo de los fallecidos y no exponer a quienes tienen que lidiar con los cuerpos. Tercero, transparentar las cifras, asumiendo sin más que aquellos que mueren sin una causa clara debieran ser asumidos como causal de muerte por Covid-19, en el entendido que no hay ningún otro virus circulando en el país. A partir de este simple cambio de criterio la tasa de letalidad pasó, en un día, de 1% a 1,6%, y sigue subiendo.

Sin entrar a cuestionar este cambio en el registro de fallecidos que ha llevado al Ministerio de Salud a seguir como parámetro las defunciones del Registro Civil, el peligro que conduce este debate es que debilita comunicacionalmente la gestión ministerial y se centra en demasía en la cuestión técnica de cómo contabilizar el número fallecidos, haciéndonos perder el foco en lo central de la pandemia, como es el número de contagios. Controlando este grupo, se podrá controlar el número de fallecidos. Pero hay un peligro mayor, que al centrarnos solo en el número de fallecidos nos dejemos embaucar -ante el temor de la muerte- y terminemos aceptando –sin más– los dispositivos de seguridad que se nos proponen para enfrentar la pandemia. 

Lo que el viento se llevó y el problema del racismo

Juan Carlos Yáñez Andrade

Hace unos días el guionista de la aclamada 12 años de esclavitud, cuestionó la difusión en la plataforma online del canal HBO de la película de 1939 Lo que el viento se llevó, argumentando que idealizaba la esclavitud del sur de los Estados Unidos. La cadena bajó de su catálogo la película y se subió a la ola de denuncias –legítimas, por cierto– sobre el racismo en los Estados Unidos a propósito de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.

Sin entrar a debatir sobre los alcances de la esclavitud en la historia de los Estados Unidos, es efectivo que la película y más precisamente la novela de la cual fue adaptada –cuya autora es Margaret Mitchell–, se enmarca en una corriente artística conocida como romanticismo sureño, que muestra idílicas postales de las plantaciones de algodón y de las relaciones entre blancos y negros. Tal como lo señala Isaiah Berlin, el Romanticismo, como corriente artística e intelectual, idealiza el mundo buscando construir una síntesis superior de él, no porque desconozca sus miserias, sino porque intenta trascenderlo. El Romanticismo nos ha legado, además, la noción -hoy aceptada- de la libertad en la creación artística y la necesaria comprensión de la obra en el contexto de su tiempo. La película Lo que el viento se llevó es compleja, y no puede reducirse al simple argumento que idealiza la esclavitud. Muy por el contrario, el genio de Mitchell nos muestra un mundo con matices, que se derrumba, por cierto, mientras ve nacer uno nuevo. Quien haya visto la película o leído la novela puede comprender la caída de la nobleza terrateniente en la imagen ambivalente de Ashley Wikes, quien por convenciones sociales no puede aceptar el amor de Scarlett. Se sorprende ante el aventurero Rhett Butler, un norteño y especulador que termina luchando por la causa perdida del sur. La propia Scarlett, que junto con amar la tierra -su Tara- se muestra emprendedora y con valores del mundo moderno.

El impedir la exhibición de la película, en el marco de la ola de destrucción de estatuas, edificios, libros y otros artefactos culturales asociados a la esclavitud, no solo pretende borrar y reescribir la historia, sino que es un intento deliberado por impedir que las nuevas generaciones accedan a esas creaciones artísticas. Los esfuerzos, por el contrario, debieran ir en la necesaria comprensión de nuestro pasado, no para aceptarlo acríticamente, sino para entender lo complejo que resulta el mundo y que un mejor entendimiento de él nos puede hacer más virtuosos y, en definitiva, un poco más felices, aunque ese proyecto de la Ilustración les resulte vano a algunos.

PUBLICACIÓN DIARIO 
LA SEGUNDA, 6 DE SEPTIEMBRE 2016

RESEÑA

Rodrigo Henríquez, En ‘Estado Sólido’. Políticas y politización en la construcción estatal. Chile, 1920-1950.
Santiago, Ediciones Universidad Católica, 2014, 280 páginas.


Revista Tiempo Histórico. Santiago-Chile. Año 6 / N°10 / Primer semestre 2015 / 141-145/

Son pocas las investigaciones que han abordado la constitución de una sociedad de masas y la promoción de las políticas de consumo durante el siglo XX en Chile. El libro que reseñamos, abocado a estudiar el proceso de expansión del Estado, en especial en la esfera del consumo, ayuda a llenar este vacío.

Leer reseña

LA LEY DE LA SILLA (1914)

100 años de derechos y de estupideces.

La silla no solo forma parte de los objetos culturales indispensables de la vida cotidiana, sometida a las modas, gustos y estilos propios de otros objetos, sino que además es parte -a decir de Norbert Elias- del proceso civilizatorio de la humanidad. En este sentido, la silla ha estado presente en los rituales culinarios y en el fortalecimiento  de los espacios de intimidad, siendo la forma se sentarse reflejo de patrones culturales, niveles educacionales o grados de confianza que las personas muestran en público. A más de alguno no se le escapará la larga compañía y conexión que tiene la evolución de la silla con el retrete, con el consiguiente avance de la higiene en la humanidad.                            

        En Chile, luego de años de demanda se promulgó el 7 de diciembre de 1914 la llamada LEY DE LA SILLA que establecía que en todo negocio, tienda o almacén se debía mantener el número suficientes de sillas a disposición de los empleados o dependientes. Algunos sectores la criticaron porque tendía a favorecer más a las mujeres que a los hombres, pese a que no discriminaba en favor de las primeras como la ley española de 1912.  Para otros acarrearía un gasto innecesario para los negocios al desnaturalizar muchas de las tareas de los empleados o dependientes. Pero la ley además fue importante porque reglamentó los descansos, dando derecho a los empleados de las tiendas a una hora y media por día para almorzar, considerado suficiente para que se desplazaran a sus hogares y retornaran al trabajo en el horario de la tarde.

       La retórica conservadora ha desnaturalizado el sentido de esta ley, asociándola al conjunto de condiciones laborales que no debieran ser reglamentados y que, en consecuencia, no debiera dar origen a ningún derecho social. Asociada a demandas superfluas que promueven el poco compromiso en el trabajo, la ley de la silla ha pasado a formar parte del anecdotario de las leyes sociales en Chile, un tanto desconocida, poco defendida y mirada con cierto desdén si se desea fiscalizar su aplicación.

     Estas líneas las escribo no solo para recordar el conjunto de “leyes innecesarias”, a decir de algunos, aprobadas por el Estado, sino también para recordar que es en el orden jurídico donde se aseguran los derechos y se reconocen las obligaciones de unos con respecto a otros. Así, no sorprende que bajo el discurso progresista que invade a muchas ONGs y políticos, y que busca a toda costa protegernos de los males de la vida moderna, se haya iniciado una campaña en contra del sedentarismo y que tenga como objeto de todas las culpas la famosa silla.  EL SEDENTARISMO MATA, junto a una silla con una calavera, resume visualmente el mensaje que se nos quiere transmitir. El eje del análisis parece trasladarse del problema de la obesidad y mala nutrición asociado a las empresas alimenticias, grandes cadenas de comida y de distribución de alimentos procesados (Supermercados), a la inactividad y el uso excesivo de la silla como explicación del problema.                          

    Se nos dirá que es solo una campaña y que la silla juega el papel de “representación”  o imagen simbólica del sendentarismo. Pero justamente, como es en los símbolos y representaciones donde algunos buscan ganar sus batallas, es bueno recordar que hace 100 años muchos vieron en la silla un avance en el proceso civilizatorio de cómo tratábamos a empleados y trabajadores.

CONSULTAR Ley de la Silla (1914)

Reseña Libro

Movimiento sindical en dictadura. Fuentes para una historia del sindicalimo en Chile. 1973-1990.

Rodrigo Araya

Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.

         El movimiento obrero en Chile hunde sus raíces a comienzos del siglo XX. Configurado a partir de distintas vertientes sociales, organizativas e ideológicas, logró importantes avances a partir de la creación de la Federación Obrera de Chile (1909), la Federación Obrera Regional del Chile (1913) y la I.W.W. (1919). Las leyes sociales de 1924 fueron relevantes al legalizar los sindicatos de tipo industrial y profesional. El Código Laboral de 1931 reguló aspectos centrales de la huelga obrera y el 
funcionamiento de los sindicatos. En la década de 1930 y, en especial, con el arribo del Frente Popular, se produjo un proceso de consolidación de sus modalidades de organización y de relación con el Estado, lo que está marcado por la creación de la Confederación de Trabajadores de Chile (1936) y de la Central Única de Trabajadores (1953). Los años de 1940, 1950 y 1960 pueden caracterizarse por la aplicación de las normas del Código Laboral que había reglamentado el derecho a huelga, los convenios colectivos y la sindicalización obligatoria, reafirmando, de paso, los principios largamente discutidos durante los primeros años del siglo XX, en torno a la jornada de 8 horas y 48 horas semanales, el ingreso mínimo, las restricciones al trabajo infantil y de mujeres, entre otros aspectos. En 1967 se produjo un avance importante en el desarrollo de la sindicalización en Chile, al promulgarse la ley 16.625, sobre régimen sindical en la agricultura, y que reconoció el derecho de los trabajadores y empleados agrícolas a constituir sindicatos, así como el derecho a huelga. De esta forma, nuestro país podía mostrar hacia 1973 un sindicalismo fortalecido por distintas medidas legislativas, luchas históricas y un importante sentido de identidad. 

      El modelo de organización sindical característico hasta 1973 ha sido definido por algunos autores de proteccionista, “dada la existencia de trabas para despedir trabajadores; elevadas indemnizaciones; tarifados por rama para ciertas ocupaciones; restricciones de oferta a través de las existencia de carnés para desempeñar determinados trabajos, y privilegios especiales para ciertos gremios”.^[1]

          En términos historiográficos, esta evolución del movimiento obrero comenzó a ser  estudiada desde los años 1950 por los principales representantes de la historiografía marxista, cuyo aporte fue romper con el paradigma dominante de la escuela histórica positivista y conservadora, la cual se centraba en los estudios sobre la organización política, descuidando los factores económicos y sociales como explicación de los procesos históricos. Además, su visión marxista supuso poner énfasis en la condición de los sectores populares, dejando de prestar interés a los sectores de la elite como único actor de la historia. Los estudios sobre el surgimiento del proletariado y sus organizaciones socio-políticas, las huelgas y enfrentamientos violentos, las condiciones económico-sociales y, en plano de las relaciones internacionales, el imperialismo y el rol predominante del capital norteamericano, fueron la consecuencia natural de este cambio de paradigma^[2]. Sin embargo, estos estudios descuidaron aspectos tan importantes como los debates en torno a la cuestión social, los avances en materia de legislación del trabajo, modalidades de regulación de la protesta obrera y qué decir de la acción del Estado en pro del mejoramiento de la condición social del pueblo. En materia sindical, se tendió a estudiar su desarrollo en vinculación con los avances de los partidos de izquierda, primero el comunista, creado en 1922, y luego el socialista, creado en 1933^[3]. Esto trajo como resultado, por una parte, el valorar –quizás en exceso– el aporte de los sindicatos en el proceso de democratización del país^[4], descuidando el hecho de que no pocas de sus acciones respondieron a intereses más bien corporativos, que ayudaron a minar los fundamentos democráticos. Por otra parte, al relacionar en demasía determinadas organizaciones sindicales con los partidos de izquierda, mucho de sus retrocesos y avances se vincularon con las crisis y rearticulaciones operadas en el sistema político, desconociendo el grado de autonomía relativa que los sindicatos tienen con respecto a los partidos o, lo que es peor, minimizando la importancia de otras organizaciones gremiales que no se insertan en un cuadro político clásico.^[5]

         Lo anterior condujo a otro problema instalado por la historiografía marxista: la fuerte inclinación obrerista que se le dio a la organización sindical. Si bien la legislación chilena, desde 1924, había definido a los sindicatos como organizaciones de defensa de intereses tanto en la rama industrial como profesional, se tendió a estudiar, con cierto sesgo ideológico, preferentemente a las organizaciones obreras. Como resultado de lo anterior, no se mostró el mismo interés por investigar las organizaciones de empleados fiscales, particulares y municipales, por nombrar algunas^[6], y cuando se las estudió se hizo con el prejuicio característico de señalarlas como asociaciones que respondían a sus propios intereses de clase y que minaban la unidad de lucha^[7]. Lo mismo se puede argumentar sobre la acción del catolicismo en la promoción de las organizaciones sindicales. Como excepción podemos nombrar los estudios sobre el padre Alberto Hurtado y su labor en pro de la libertad sindical y aquellos sobre Clotario Blest, en cuanto a su vertiente cristiana, así como de sindicalización de los empleados públicos y de unificación del movimiento obrero^[8].

         La experiencia de la Unidad Popular ha obligado a replantear muchos de los supuestos con los que operó la historiografía marxista clásica en relación con el movimiento obrero. En primer lugar, no pocos historiadores operaron con el esencialismo de suponer una predisposición revolucionaria en los trabajadores chilenos. Toda experiencia en contrario, era calificada como fría maquinación de intereses foráneos (de clase o del imperialismo). En segundo lugar, se pensaba que un contexto de profundización democrática forzaría a los trabajadores a optar por las posturas más izquierdistas, en el entendido de que las restricciones operadas en el sistema político, al menos hasta los años 1960, habían distorsionado la representación de esos sectores. Por último, que la conquista del aparato del Estado fortalecería la unidad sindical y, con ello, el proyecto revolucionario de transformación social. Sin querer profundizar en estos aspectos, el golpe militar de 1973 supuso una profunda represión al movimiento político-popular de izquierda, lo que limitó al extremo el desarrollo de un pensamiento crítico y truncó, de paso, los aportes de la historiografía marxista. Esto produjo que los pocos estudios sobre el sindicalismo chileno, durante los años 1970 y 1980, fueran realizados por sociólogos y cientistas políticos^[9]. La decepción provocada y, en muchos casos, el profundo impacto causado por la derrota del proyecto socialista-democrático, junto a la experiencia del exilio y la acción represora de un Estado autoritario y dictatorial, no hicieron más que profundizar la distancia con la mirada positiva o de autocomplacencia que se tenía de la institucionalidad democrática del siglo XX y de todos los avances del Estado de compromiso^[10]. Algunos representantes de la Nueva Historia Social han expresado un fuerte prejuicio con respecto a la política, al menos en su definición clásica, lo que incluye el sistema de partidos, las definiciones electorales y la búsqueda o mantención del poder, proponiendo una historia social desprovista de lo político^[11]. La cuestión del poder ha sido desplazada hacia el problema de la soberanía y autonomía del sujeto popular. Estas serían las condiciones explicativas de por qué no hubo historia sindical y laboral durante más de tres décadas (años 1970 y fines de los años 1990).

       

          Solo en los últimos años, de la mano de historiadores jóvenes, se observa un interés renovado en la reconstrucción de la historia sindical durante la dictadura militar. Estas perspectivas buscan ofrecer nuevas entradas a la comprensión de la dictadura militar (1973-1989) precisando el papel jugado por las organizaciones de trabajadores y otros movimiento sociales (de pobladores y juveniles) en el retorno a la democracia (la mirada proyectiva) y  el impacto que produjeron las reformas neoliberales (Plan Laboral de por medio)  en la destrucción del entramado sindical chileno y la formación de un nuevo sindicalismo postdictadura  (la mirada retroactiva)^[12].

           Sin embargo, muchos de los enfoques que subyacen en estos estudios pioneros siguen reduciéndose a estudios que se centran al interior de las fronteras nacionales. En tiempos de globalización, y con nuevos enfoques en lo que dice relación con la historia transnacional, de las circulaciones y comparada, existen posibilidades de avanzar en integrar procesos, actores e instituciones internacionales en el estudio del sindicalismo en nuestro país. Los aportes de las historiografías obreras latinoamericanas, desarrolladas entre los años 1940 y 1990, fueron sustanciales en establecer las etapas cronológicas de su evolución, precisar la influencia de corrientes ideológicas extranjeras, identificar desencuentros entre las organizaciones obreras y la clase política o seguir su maduración  organizativa^[13]. Sin embargo quedaron reducidas a ser un recuento de procesos nacionales, poco vinculados con el contexto internacional y menos aún con la formación de dinámicas regionales: circulación de ideas y líderes sindicales; formación de una experticia técnica que movilizó ideas en pro del mejoramiento social y económico. En concreto, las historias obreras fueron una prolongación de las historias nacionales[14].

         En la actualidad existen diversos investigadores que señalan la necesidad de estudiar lo social, el trabajo y la clase obrera desde perspectivas transnacionales, lo que debe considerar los vínculos existentes entre la consolidación de un pensamiento social nacional, la formación de una institucionalidad internacional y la cooperación técnica^[15].

         La Dictadura Militar y su impacto internacional, se presta muy bien para la promoción de enfoques transnacionales, y superar las miradas locales que se han hecho sobre el conflicto socio-laboral. Perspectivas comparadas con la realidad argentina; las plataformas de ayuda y de solidaridad internacional ofrecidas por los trabajadores y dirigentes sindicales exiliados; la acción de organismo internacionales como la OIT en defensa de los derechos laborales durante el periodo; y la acción de organizaciones sindicales de alcance mundial y su impacto en el plano nacional, ayudarían a avanzar más rápidamente en el conocimiento de la historia sindical reciente.

         Es en este contexto que se enmarca el estudio de Rodrigo Araya editado este año por la Universidad Alberto Hurtado. Se trata de la presentación de fuentes sindicales muy variadas, como el Comité Exterior de la CUT, el apoyo de las organizaciones sindicales internacionales (FSM, CIOSL) a los trabajadores chilenos, algunas artículos de la revista Chile Sindical, declaración de principios de la Unión Democrática de Trabajadores, discurso de Manuel Bustos en la Conferencia del movimiento sindical libre por los DDHH y Sindicales en Chile, realizada en Madrid en 1983, documentos sobre el Comando Nacional de Trabajadores,  la VI Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional Sindical, de 1984 y una serie de pliegos de trabajadores, entre otros. Aunque se echa de menos una presentación que articule de mejor forma el conjunto de artículos, por su variedad y complejidad de instituciones y personajes que aparecen, busca llenar un vacío en los alcances más globales de la reconstitución del movimiento sindical bajo dictadura.

        

          Por último, un estudio sobre las fuentes sindicales en Dictadura, nos obliga a pensar en cómo se ha hecho la historia del movimiento obrero en Chile. Las fuentes principales que se han utilizado han sido los periódicos. Esto responde a dos razones. Primero, los trabajadores mostraron un temprano éxito organizativo, medido por la capacidad que tuvieron en iniciar la publicación de un periódico que difundiera sus ideas y objetivos, y que además ayudara a fortalecer la unidad sindical. Esto hizo que la prensa obrera fuese variada y en no pocos casos de alcance nacional. Existe una muy buena clasificación de dicha prensa, la que además ha sido objeto de estudios pormenorizados^[16]. Segundo, la ausencia de fuentes de archivo de las organizaciones más características de los trabajadores se puede explicar por la falta de celo en resguardar la documentación generada. Dificultades en dar forma a una cultura de la memoria y una política de resguardo patrimonial de las acciones y eventos realizados por los trabajadores organizados puede explicar lo anterior. La represión llevada a cabo por las autoridades públicas y policiales, que destruyeron no pocos locales, y la confusión que en algunos casos tuvieron las acciones sindicales con las partidarias, generó desconfianzas en organizar archivos que pudiesen contener información clasificada y posible de ser revisada con una lógica revisionista.

         Por las razones que sean, este exceso en el uso de la prensa obrera en la reconstitución del movimiento sindical ha traído como consecuencia positiva el obligar a hacer un rastreo sistemático de dicha prensa, aún a costa de sacrificar la mirada integral y de larga duración.       Por el contrario, en algunos estudios no siempre aparece clara la evolución que presenta un periódico a través de sus años –en el caso de que haya superado los primeros meses o números de circulación– o las distintas posiciones políticas y sindicales que lo dividen. Esto mismo ha hecho que si bien la revisión de la prensa obrera sea pormenorizada, su uso sea contingente para apoyar tal idea u opinión. No sé si tales razones expliquen la falta de investigaciones que aborden de manera sistemática la historia de un sindicato u organización obrera, pero aparece evidente que no necesariamente la revisión detallada de la prensa ha traído como consecuencia el mayor conocimiento de un sindicato o rama industrial.  

        Hoy día las posibilidades que ofrecen fuentes de archivo de organismos internacionales para estudiar la historia sindical y obrera se multiplican. Los medios y recursos que ofrece la web permiten el acceso inmediato a documentos que años atrás hubiese sido difícil de conocer, aunque obliga a nuevos ejercicios de crítica de fuentes, en el entendido que su propia difusión supone estrategias organizativas y selectivas no exentas de intereses particulares.

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[1] Ricardo Ffrench-Davis y Bárbara Stallings, Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, Santiago, Lom Ediciones, 2001. 

[2] Para un estudio crítico, ver Sergio Grez, “Movimiento popular urbano en Chile entre el cambio de siglo y la época del Centenario (1890-1912). Avances, vacíos y perspectivas historiográficas”, Contribuciones científicas y tecnológicas, N°109, agosto, 1995, pp. 37-45; Jorge Rojas Flores, “Los trabajadores en la historiografía chilena: balance y proyecciones”, Revista de Economía & Trabajo, N°10, 2000, pp. 47-117.

[3] Hernán Ramírez, Origen y formación del Partido Comunista de Chile, Santiago, Austral, 1965; Julio Cesar Jobet, El partido socialista de Chile, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971; Paul Drake, Socialismo y populismo en Chile, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1992.

[4] Crisóstomo Pizarro en una obra de 1985 señala: “En suma, el movimiento sindical y su acción huelguística deben ser considerados como uno de los agentes estratégicos de los cambios democráticos del presente siglo”, en La huelga obrera en Chile, Santiago, Ediciones Sur, 1986, p. 213. En tanto Rolando Álvarez, escribe: “Durante el siglo XX, el movimiento sindical chileno tuvo un importante papel en el proceso de profundización de la democracia, la obtención de derechos sociales y mejorías económicas para los asalariados del país”, en “El plan laboral y la negociación colectiva ¿Origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 1979-1985”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, “Dr. Emilio Ravignani”, N°35-36, segundo semestre 2011/primer semestre 2012, pp. 92.

[5] Alan Angell, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, México, Ediciones Era, 1974.

[6] Al respecto ver Azun Candina, Clase media, Estado y sacrificio: La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en Chile contemporáneo (1943-1983), Santiago, Lom Ediciones, 2013.

[7] Crisóstomo Pizarro, op. cit.; Jorge Barría, Historia de la CUT, Santiago, Editorial Prensa Latinoamericana, 1971.

[8] William Thayer Arteaga, El Padre Hurtado y su lucha por la libertad sindical, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1999; Maximiliano Salinas, Clotario Blest, Santiago, Arzobispado de Santiago, Vicaría Pastoral Obrera, 1980; Gilda Orellana, “Clotario Blest en la CUT: por una nueva cultura sindical y política (1953-1961)”, Tiempo Histórico, N°7, 2013, pp. 29-64.

[9] Guillermo Campero y José Valenzuela, El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario: 1973-1981, Santiago, ILET, 1981;  Manuel Barrera, La demanda democrática de los trabajadores chilenos, Santiago, CED, 1984; Manuel Barrera et al., Sindicatos y estado en el Chile actual, Santiago, CES, 1985; Jaime Ruiz Tagle, “El movimiento sindical chileno y la crisis del capitalismo autoritario”, en Varios autores, Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile, Santiago, CLACSO-ILET, 1985; J. Samuel Valenzuela, “El movimiento obrero bajo el régimen militar”, en Francisco Zapata, Clases sociales y acción obrera en Chile, México, El Colegio de México, 1986; Patricio Frías, El movimiento sindical chileno en la lucha por la democracia, Santiago, PET, 1989.

[10] Gabriel Salazar y Julio Pinto haciendo referencia al Estado del siglo XX señalan: “Echando mano de la ingeniería de gobernabilidad: universalizando el derecho al voto individual, pero anulando toda participación ciudadana, individual o colectiva en la toma de decisiones públicas. La “comunidad cívica” fue pulverizada por la individuación electoral y la reducción del ciudadano a la doble condición pasiva de peticionario y beneficiario de las políticas públicas”, Historia contemporánea de Chile I, Santiago, Lom Ediciones, 1999, p. 94. 

[11] El año 2005 el historiador Sergio Grez criticó a algunos representantes de la Nueva Historia Social por la ausencia de contenido político en sus investigaciones, “Escribir la historia de los sectores populares: ¿con o sin política incluida? A propósito de dos miradas a la historia social (Chile, siglo XIX)”, Política, vol. 44, Santiago, 2005.

[12] Rolando Álvarez, “¿Represión o integración? La política sindical del régimen militar. 1973-1980, Historia, N°43, vol. II, julio-diciembre, 2010, pp. 325-255; Rodrigo Araya, “Cambios y continuidades en el movimiento sindical chileno en los años 80. El caso del Comando Nacional de Trabajadores”, Historia, N°47, vol. 1, enero-junio 2014, pp. 11-37. También se puede ver P. Winn, Victims of the chilean miracle: workers and neoliberalism in the Pinochet era, 1973-2002, Durham, Duke University Press, 2004, y Paul Drake, Labor Movements and Dictatorships: The Southern Cone in Comparative Perspective, Johns Hopkins University Press, 1996.

[13] Para un balance crítico acerca de la historiografía sobre el movimiento obrero latinoamericano, ver Patricio Herrera, "La CTAL en la historiografía obrera. 1938-1963", Cuadernos de Historia, N°36, 2012.

[14] Enfoques que parecen proyectarse a estudios recientes, como el de Francisco Zapata, El sindicalismo latinoamericano. Historia mínima, México, El colegio México, 2013. Una perspectiva que busca superar estas miradas tradicionales sobre la evolución del movimiento sindical latinoamericano es aquel de Patricio Herrera sobre la CTAL,  En favor de una patria de los trabajadores”. La Confederación de Trabajadores de América Latina y su lucha por la emancipación del continente, 1938-1953, Tesis de Doctor en Historia, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de Michoacán, Zamora, México, 2013, (inédita).

[15] Marcel Van der Linden, Historia transnacional del trabajo, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia, 2006; Jan Lucassen, (Ed.), Global Labour History: A State of the Art, Bern, Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2006; Kenneth Bertrams y Sandrine Kott, “Actions sociales transnationales”, Genèses, 2008:2, N°71, pp. 2-3; Sandrine Kott, “Les organisations internationales, terrains d'étude de la globalisation. Jalons pour une approche socio-historique”, Critique internationale, N°52, 2011, pp. 9-16; Jasmien Van Daele et al. (Eds.), ILO Histories: Essays on the International Labour Organization and Its Impact on the World During the Twentieth Century, Bern, Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2010; Isabelle Lespinet-Moret y Vincent Viet (coords.), L’Organisation internationale du travail, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011.

[16] Osvaldo Arias, La prensa obrera en Chile.