UN RECTOR Y UN JUEZ 

QUE SON UN PELIGRO PARA CHILE

 

La delincuencia y las demandas por mayor seguridad han sido los tópicos que inundan el debate hace muchos años, todo agravado después de la pandemia. Fenómenos como la globalización, aumento del crimen organizado, así como la presencia de bandas internacionales o transnacionales, son fenómenos que la institucionalidad del Estado chileno no está en capacidad de enfrentar, al menos no con las herramientas tradicionales.

         Hay ciertos consensos sobre los cambios que ha tenido la delincuencia y cómo las estadísticas muestran un crecimiento sostenido de las tasas de criminalidad, en especial la de homicidios. De acuerdo con la información oficial, de aquellos homicidios que se producen en la calle y sin autor conocido, las posibilidades de llegar a procesar a su autor no supera el 10% de los casos. La criminalidad también ha cambiado, son delincuentes que se han criado en un mundo virtual del cual se desconectan cuando quieren, no teniendo ninguna sujeción marcada por las consecuencias de sus acciones. La vida ya no tiene ningún valor, o al menos no el valor de un par de zapatillas, por las cuales los jóvenes están dispuestos a matar, donde hoy primero se dispara y luego se roba. Ya no es la bolsa o la vida, sino la bolsa y la vida.  

         La polémica decisión de un juez de la república que autorizó video conferencias de una célula del Tren de Aragua con el exterior y además visitas conyugales, en una cárcel de alta seguridad que está destinada al control y seguimiento de criminales de alta peligrosidad, ha abierto un debate que en Chile despierta pasiones pero que no conduce a nada. El juez argumentó su decisión apelando a tratados internacionales, la práctica de la buena justicia y motivaciones en pro de la reinserción del delincuente. Argumentos tan genéricos que no pueden aplicarse cuando tales decisiones pueden afectar investigaciones en curso o pueden incentivar nuevos delitos desde las mismas cárceles.

         Sin embargo, lo más interesante de la polémica fue la columna en defensa del juez Urrutia del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, conocido por sus comentarios dominicales, su pensamiento liberal progresista y ser uno de los autores de la Reforma Procesal Penal, lo que podemos llamar el “Transantiago de la justicia” del gobierno de Ricardo Lagos. Dicha reforma, necesaria en sus aspectos principales, estableció un sistema garantista a toda prueba, que puso el foco del proceso en la defensa del acusado y no de la víctima; que no fue acompañada con una reforma del Código Penal de hace más de 100 años; y que, por último, no se hace cargo hasta el día de hoy, en ninguno de sus aspectos, de la nueva criminalidad existente en Chile.

         Los argumentos de la defensa del rector Peña parten cuestionando las críticas formuladas a la decisión del juez como “viscerales, hechas para la galería”, cuestionamiento propio de un intelectual que al parecer sale poco de su oficina de rectoría. Los argumentos de fondo apuntan a destacar los derechos de los criminales, pero en especial que estamos en un Estado de Derecho, cuyos garantes son las leyes y jueces. Negar la llamada a los acusados conduciría –según Peña– a transformarlos en víctimas del Estado. Nos recuerda el rector que el Estado son un conjunto de reglas y principios que permiten la vida en sociedad y que no podemos violar sin poner en peligro nuestra propia convivencia. 

               No hay que perderse, el liberalismo del rector Peña imagina una sociedad organizada por reglas del mercado que provee los bienes y servicios necesarios para su reproducción, junto con un espacio público de lo político que asegura la trascendencia de nuestras acciones individuales. Por supuesto que hay males en este universo del rector Peña (robos, desfalcos, asesinatos, entre otros), pero que serán sancionados por una comunidad de hombres buenos (un apasionado del mundo griego). En este proyecto político liberal de cuño "progresista" no hay espacio para el Estado, haciéndole el juego, paradojalmente, a otros grupos que desde distintas veredas buscan destruirlo. 

                El discurso de estas vanguardias progresistas nos revela los peligros que reporta para una sociedad la existencia de intelectuales desconectados de la realidad, que la observan a partir de principios ideológicos y doctrinarios pensados para 200 años atrás, y que no ofrecen soluciones eficientes para el mundo que les toca vivir. Viven en un castillo de cristal, reflexionando sobre el tiempo presente, en la seguridad de que por esos cristales solo pasará la luz del día y jamás la oscuridad de la noche.  

        Sería bueno recordarle al rector Carlos Peña que el Estado de Derecho, al cual apela todos los domingos desde su escritorio, está en crisis y es sometido a prueba todos los días por la misma criminalidad que ese Estado debe defender. Solo un ejemplo, para finalizar. No existe en Chile la pena de muerte, pero esta pena de muerte la aplican todos los días los delincuentes a sus víctimas, mientras el Estado mira perplejo sin saber qué hacer.