El caos mundial, la compra de la casa de
Salvador Allende y las derivas populistas
“El Estado
Constitucional de Derecho es la condición institucional que permite a todos
vivir en paz, porque en él el goce de los derechos no pende del arbitrio de un individuo
o de una facción, sino que está garantizado por normas abstractas y generales,
lo que se perfecciona cuando se funda en la democracia. Si en una república
democrática, como es la nuestra (artículo 4°), la soberanía reside en el
pueblo, éste se expresa directamente a través del poder constituyente y se
objetiva jurídicamente en la Constitución, la cual no es una simple carta
política, sino que la ley superior del ordenamiento jurídico que define el
sistema de fuentes del derecho y, además, tiene fuerza normativa directa. Así,
todos los órganos del Estado y sus titulares son poderes constituidos y
sometidos, por lo tanto, a la Constitución” (Tribunal Constitucional, 10 de
abril 2025).
Un
Ceo del banco JP Morgan señaló, a propósito de la guerra arancelaria iniciada
por Donald Trump, que el mundo vive el entorno más peligroso desde la Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, hay que matizar esa declaración: ese entorno
peligro tuvo sus orígenes en la década de 1930, al menos una década antes de la
invasión alemana a Polonia en 1939. Cuando los partidos políticos se ven como
corruptos, la democracia como incapaz
de enfrentar el crimen organizado y el Estado como un botín, las personas
empiezan a mirar salidas autoritarias que restablezcan, de algún modo, cierto
orden perdido. Fenómenos como el ascenso de Hitler en la Alemania de los años
1930 o salidas populistas actuales como la de Bukele en el Salvador o del mismo
Donald Trump en los Estados Unidos, parecen dar respuesta al votante que ve en
estos liderazgos una salida a la crisis que experimenta.
En el
presente parece que ya no se trata de luchar por la democracia a secas, vacía
de contenido, sino que, por el contrario, los ciudadanos comienzan a
preguntarse qué democracia se debe apoyar y promover en este nuevo entorno
peligroso. Lo preocupante, más allá de las derivas populistas o autoritarias,
es que las autoridades –presidenciales, parlamentarias o de instituciones
públicas– construyan espacios de poder inmunes a la crítica ciudadana, espacios
que alienten ejercicios antidemocráticos, de violación a la Constitución de la
República o directamente de corrupción. No cuestionar el poder,
por conveniencia o miedo, es ser cómplice de las consecuencias dañinas que su
ejercicio puede acarrear.
El caso de la compra de
la casa del Presidente Salvador Allende, así como el conjunto de
desprolijidades que han salido a la luz pública y que llevaron a la destitución
de la Senadora Isabel Allende por el Tribunal Constitucional debe ser un
llamado de atención a que el trabajo mal hecho, la falta de controles a la
función pública, el dejar hacer, la flojera intelectual, una cadena de errores
de los cortesanos de turno, significó el fin de la carrera política de una
senadora de la República. Pero el aprendizaje de fondo es que, si no hay medidas ni contrapesos y somos
condescendientes con el poder, el daño que se le puede hacer a la
democracia será irreversible.
El
que una serie de asesores de alto nivel no hayan rechazado la compra de la casa
de Salvador Allende sólo se explica por la banalidad con la que
asumieron sus responsabilidades públicas. En orden de magnitud un horror
administrativo no se compara con los horrores de una dictadura –la “banalidad
del mal” según Hannah Arendt–, pero la suma de estos errores o la intención
tozuda de llevar hasta las últimas consecuencias las convicciones propias, como
era transformar la casa de Salvador Allende en un museo, puede llevar a que la
población se harte de la política y de los políticos y opte por salidas populistas.
Que
esto sea una lección para entender que los peligros para la democracia no solo
nacen de los populistas de turno, sino de funcionarios públicos que abusen del
ejercicio de su autoridad y pretendan salir impunes.
Tal
como señaló el fallo del Tribunal Constitucional, con fecha 10 de abril de
2025:
“Existe,
en consecuencia, una íntima vinculación entre democracia y Estado
Constitucional”
