LA NOSTALGIA DE LA NOCHE

 

Juan Carlos Yáñez Andrade

 

El gobierno, qué duda cabe, vive una de sus peores crisis políticas a tan solo ocho meses de asumido el poder. La última parece ser una de las más graves producto de la firma de decretos por parte del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Fernando Rabat y que permitió la liberación de una cincuentena de violadores de menores, además de narcotraficantes y delincuentes del crimen organizado. Los análisis legales, políticos y administrativos han sido abundantes, discutiendo sobre las responsabilidades del Ministro por dicha decisión, así como las razones de su defensa a ultranza que ha hecho el Presidente de la República José Antonio Kast.

                                                                                           

La gran pregunta

La gran pregunta que pocos analistas se han hecho es por qué el ministro Rabat firmó los decretos. No desde la respuesta más liviana, procedimental, sino desde la más íntima. ¿Qué operó en su fuero interno cuando concedió la libertad a estos delincuentes? Lo asumió como un acto administrativo más (la llamada rutina de la función pública), sin sopesar las posibles consecuencias políticas; puso en ello sus más altas concepciones jurídicas, asumiendo que había un conflicto de interpretación de la ley entre la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia; estimó necesario ahorrarse costos administrativos y litigios que desgastaban a su equipo jurídico, asegurando, de paso, una economía de recursos; o, por el contrario, firmó los decretos simplemente porque podía hacerlo, porque era la prueba de su autoridad, la manifestación del ejercicio del poder. Algo de esto último hay en la declaración de su Subsecretario Silva y en las pocas oportunidades que el Ministro Rabat ha señalado que el Presidente Kast no estaba informado y no formó parte de la decisión de firmar los decretos.  

El orden portaliano

En una famosa carta de 1832, Diego Portales, varias veces ministro bajo la presidencia de José Joquín Prieto, acuñó el término “el peso de la noche”, para señalar que el orden social se sostiene por las jerarquías, las tradiciones y la subordinación a la autoridad. Ese era el papel de la justicia, ser absolutamente instrumental al orden público, aunque con ello se pasaran a llevar principios constitucionales o derechos individuales.

Es ese orden portaliano lo que impregna a esta camada de abogados e ingenieros devenidos en altos funcionarios públicos bajo el gobierno del Presidente Kast. Un orden portaliano que supone entender la política como un ejercicio restringido a la autoridad y lo político como parte de una dimensión privada y no pública, ideas que nacen de una desconfianza no solo de los grupos que conforman la sociedad (la elite y el pueblo), sino del desarrollo propio de la nación, como lo han destacado algunos historiadores y analistas, entre ellos el historiador Alfredo Jocelynt-Holt y el rector Carlos Peña.

Despolitizar la sociedad fue el gran objetivo del proyecto portaliano y, de paso, el sucedáneo proyecto pinochetista. Dicho proyecto era autoritario, porque se concebía que el Estado, como eje central del orden, era una cuestión de pocos, donde la autoridad no debía estar bajo ningún contrapeso. Pero además era antipolítico, porque se suponía que la política (y los políticos) era la acción de intereses particulares. 

Lo que estuvo presente al momento de la firma de los decretos por parte del Ministro Rabat fue esa nostalgia por el pasado portaliano, esa nostalgia de la noche, hacer uso del simple ejercicio de la autoridad. Firmar porque se tiene la autoridad y hacerlo porque se expresa el poder que se detenta. Todo esto acompañado con la opacidad de los procesos burocráticos (decretos medio ocultos) y todo el vericueto de laberintos que ofrece la maquinaria del Estado.

Si estos argumentos no son prueba suficiente de esta forma de pensar la autoridad, las declaraciones del candidato a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Félix de Vicente, muestran la forma en que el espíritu conservador permea sus visiones de mundo. Consultado por la polémica desatada por la rebaja de condenas firmadas por Rabat, señaló que este tema no era importante para la “gente común y corriente”. Intentó aclarar sus dichos, señalando que se refería a la acusación constitucional y no a la rebaja de condenas, como si pudiera hacerse una diferencia entre ambos hechos. Pero la polémica ya estaba desatada y tuvo que renunciar a su candidatura. Pero detrás de los comentarios de Félix de Vicente, está la idea también portaliana de que la ciudadanía debe ocuparse de su bolsillo, de la economía (la oikonomía de los griegos), de las cuestiones de su hogar y debiera dejarle la política y los asuntos del Estado a los que saben: una tecnocracia experta. 

Si bien puede haber buenas razones para que ese pensamiento portaliano haya impregnado a la política y al conjunto de la nación durante el siglo XIX, claramente no se puede gobernar con esas ideas en un avanzado siglo XXI. Tampoco es suficiente repetir, como un mantra, que todo va a estar bien.

Tal como señalan Aristóteles y Hanna Arendt, renunciar a la política es renunciar a la propia humanidad, renunciar a lo público, aquel interés compartido por todos. La indignación que la firma de decretos ha provocado en la ciudadanía de manera transversal es prueba de la resistencia de la política a desaparecer y también de que las personas todavía tienen la capacidad de indignarse ante ciertas actuaciones de sus autoridades. ¡Todavía hay República, ciudadanos!