EL SECRETO ENCANTO DE NUESTRA BURGUESÍA
Juan Carlos Yáñez Andrade
Luis
Buñuel estrenó en 1972 su película El discreto encanto de nuestra burguesía,
una especie de sátira sobre la vida de la clase alta y los eventos un tanto
surrealistas que devienen en el fondo de una existencia vacía y convenciones
sociales basadas en la hipocresía y en la farsa. En el fondo Luis Buñuel buscó
correr el velo de una vida, que detrás de las cortinas, mostraba las mismas
miserias del resto de las otras clases sociales.
Si la crítica se hubiera quedado ahí,
serviría como faro para una crítica social de fondo, pero puntual. Al
contrario, la representación que se ofrece a lo largo del filme de la iglesia,
el ejército y la política, actúan como cuestionamiento a las instituciones
sobre las cuales las clases altas buscaron sostener todo el andamiaje
social.
Sin duda que ese encanto burgués ya no
se sostiene en aquellas instituciones sociales del pasado, sino en un mañío
Estado de Derecho en donde parece que todos somos iguales ante la ley. En eso
se funda la democracia y la administración de justicia, en el hecho de delegar
en terceros la resolución de controversias. El Estado de Derecho es la base de
la paz social.
Hace unas semanas atrás la prensa
informó sobre la conducta de un adulto de 38 años detenido por conducir cerca
de los 260 km. por hora en el sector de Vitacura. La prensa señaló que se trataba
de un importante empresario, pero la jueza prohibió que se difundiera su
nombre. Lo más sorprendente es que el imputado salió de los tribunales, tomó su
auto y se fue conduciendo, ya que no se le retuvo su licencia, pese a que tenía
antecedentes de manejar en estado de ebriedad. La jueza solo determinó arraigo
nacional y firma mensual, al considerar que no era un peligro para la sociedad.
Otro caso muy similar afectó a una
influencer chilena, proveniente conocida por la amplia fortuna que ha acumulado
debido a un modelo de negocios que se basa en acumular millones de seguidores y
venta de rifas online. La prensa y los programas de farándula se hicieron un
festín con este caso, dando origen a sesudas reflexiones sobre el origen de su
fortuna y las prerrogativas que se daba a sentirse intocable. No se le aseguró
ningún derecho a la privacidad, siendo expuesta al juicio siempre azaroso de
los medios.
Hace unos días el mismo tratamiento
mediático tuvieron tres jóvenes que se extraviaron en el Cajón del Maipo, dando
origen a una seguidilla de comentarios, burlas y debates, sobre las razones de
por qué se extraviaron y si debían o no volver el dinero que el Estado había
gastado en su rescate. La pregunta pertinente es si ese debate se habría dado si
los jóvenes extraviados hubieran sido de otra condición social.
Hoy nos hemos enterado de un empresario
de la comuna de Vitacura, acusado de sustracción de menores y amenazas con
armas de fuego. El hecho, ocurrido a mediados del mes de julio, tuvo su origen
en que siete menores habrían estado jugando a tocar el timbre y salir corriendo
por las calles del barrio. El vecino, según primeros cargos de la fiscalía,
tomó su camioneta y salió persiguiendo a los menores, para luego subirlos a la
fuerza y amenazarlos con armas de fuego. Solo el trabajo de la prensa y algunas
filtraciones habrían permitido conocer del hecho. Pero no de la identidad del
empresario. Ni la familia de los menores, ni menos la familia del empresario habrían
querido dar a conocer el hecho. Lo sorprendente es que, una vez que la noticia
se hizo pública, la propia fiscalía oriente evitó dar cualquier declaración y
se mostró un tanto incómoda por las preguntas de la prensa.
O nos acostumbramos a que todos los
ciudadanos tienen los mismos derechos a la presunción de inocencia, a un debido
proceso y al respeto a la honra durante el juicio y antes de cualquier fallo o
nos liberamos de todas esas ataduras por igual. Estos hechos muestran no solo
los sesgos de clase con los cuales se abordan hechos similares, sino, quizás lo
más grave, las diferencias en el tratamiento que los propios tribunales hacen
de estos casos. En algunos, plena publicidad en juicios públicos y mediáticos, en
otros, el derecho a la honra y la privacidad.
