historia en clave política e
institucional:
a 10 años de estado, consenso y crisis social. el espacio público en chile: 1900-1920
Estado, consenso y crisis social. El espacio público en
Chile: 1900-1920, Santiago, Centro de Investigaciones
Barros Arana, 2003, Colección Sociedad y Cultura. 235 p.
Dr. Patricio Herrera
González
Centro de Estudios
Históricos
El Colegio de Michoacán
El
historiador Juan Carlos Yáñez Andrade hace 20 años iniciaba su formación de
posgrado en Historia, en la Universidad de Santiago de Chile. Sus
preocupaciones al ingresar al magíster tenían relación con los itinerarios
recorridos en Chile tendientes a la institucionalización, en un marco
político-social y jurídico no exento de conflictos, de las relaciones
capital-trabajo durante las primeras dos décadas del siglo XX. Si bien las
dudas metodológicas y la disponibilidad de fuentes, en el transcurso de la
investigación, embargaron a extraños y propios, Yáñez Andrade no dejó de
revisar ningún repositorio documental existente en Chile, particularmente las
fuentes inéditas e impresas disponibles en el Archivo Nacional, sección siglo
XX, la colección de libros Raros y Valiosos de la Biblioteca del Congreso
Nacional y la Biblioteca de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tras la
cuidada revisión de una base documental heterogénea y numerosa, al menos
durante 4 años, el historiador defendió su investigación de tesis a mediados
del año 1999, dirigida por el Dr. Sergio Grez Toso, que al cabo de unos años se
convirtió en un importante libro, que vino a oxigenar la historia política e
institucional sobre la “cuestión social” en pleno periodo parlamentario.
Juan
Carlos Yáñez realizó una investigación sistemática sobre la “cuestión social”,
las relaciones socio-laborales y las acciones políticas –de parlamentarios,
funcionarios del Estado y agrupaciones obreras– en la búsqueda de una solución
a la crispación social de una parte significativa de los trabajadores
asalariados. Su principal contribución historiográfica en esta investigación
fue (re)pensar el rol del Estado y su apoyo a una agenda legislativa
socio-laboral, demandada por la clase trabajadora e impulsada por una clase
política minoritaria pero activa intelectualmente, que estaba convencida de que
la represión hacia los trabajadores y sus movilizaciones era una solución
inapropiada, solo concebible como herencia de un orden político tradicional,
frente a un conflicto de clase que era –inevitablemente– moderno.
Mucho
se ha discutido en la historiografía chilena, al menos desde finales de los
años 1940, sobre el papel que le correspondió al Estado y al parlamento en
allanar el camino hacia el reconocimiento de los obreros como agentes económicos
y sujetos de derecho. Llegando a la conclusión, tanto los historiadores
“marxistas clásicos” como los investigadores de la “Nueva historia social”, que
su desempeño fue contener a las masas obreras, reprimiendo sus manifestaciones,
cuestionando su discurso político-ideológico e incitando a los legisladores a
no sumarse a sus reivindicaciones, por ser una amenaza para el orden social.
Contrariando
las premisas sostenidas acríticamente, por décadas, principalmente aquellas que
indicaban que la acción política de la elite en el periodo parlamentario no
tuvo “vocación social y negociadora” para ocuparse de la situación
socio-laboral de la clase trabajadora, además de desatender las posiciones ideológicas
de los asalariados, obviar las condiciones materiales en que desarrollaban su
existencia y las fórmulas (auto)asistenciales para sobrellevar su inestable
realidad cotidiana, Yáñez Andrade decidió plantear una serie de hipótesis
heterodoxas, lo que implicó cuestionar con peso específico la obra de los
historiadores nacionales e investigadores extranjeros que vienen desarrollando
la temática desde finales de los año 1940 hasta el tiempo presente, así
aparecen el horizonte historiadores tales como: Julio César Jobet, Hernán Ramírez
Necochea, Jorge Barría, Fernando Ortiz Letelier, Luis Vitale, James Morris, Crisóstomo
Pizarro, Gabriel Salazar, Julio Pinto, Sergio Grez y María Angélica Illanes,
entre muchos otros.
La
perspectiva desarrollada por Juan Carlos Yáñez en esta investigación es de
carácter institucional-política, porque está convencido de que las
instituciones tienen un rol central en la constitución del Estado social. Ellas
establecen marcos de acción, un consenso de las sensibilidades expresadas por
los grupos de interés y unifican procedimientos de los actores
político-sociales al visualizar los problemas sociales. Para ello fue fundamental
su rescate del régimen parlamentario, clave que no había sido trabajada para
pensar la “cuestión social”. Apoyándose en los textos clásicos de Julio Heisse
y en la teoría política de un Arturo Valenzuela, que vieron en el
parlamentarismo una renovación del sistema político y la clave en el desarrollo
de las redes clientelares, queda claro que el consenso político-social solo es
posible en un sistema de partidos y régimen electoral altamente competitivo y
que necesita de la inclusión para su legitimación. Así, siguiendo
sistemáticamente los debates parlamentarios, Juan Carlos Yáñez nos presenta el
juego de la política parlamentaria y sus cualidades para acoger las crecientes
demandas de actores y partidos obreros.
De
esta forma, Yáñez Andrade superó con argumentos historiográficos, provenientes
de sus fuentes de primera mano, las representaciones prejuiciadas que la vieja
y la nueva historia social tienen del Estado –represor–, la clase política
parlamentaria –indolente– y de la organización obrera –heroica– sosteniendo a
lo largo de toda su investigación que la organización social del trabajo en
Chile, durante las primeras dos décadas del siglo XX, fue resultado del
consenso político, social y económico de algunos personeros de Estado, una
facción progresista de la clase política, los empresarios y los trabajadores
–aquellos dispuestos a integrarse–, que aun existiendo conflictos entre todas
la partes optaron por avanzar en establecer derechos y deberes que regularan
las relaciones capital-trabajo. Con ello querían evitar las arbitrariedades,
desplazar prácticas laborales de “antiguo régimen”, estableciendo reglas más o
menos claras en un marco institucional cada vez más dispuesto a favorecer la
conciliación y el arbitraje que la ruptura. En ese debate político hubo
diversas posiciones ideológicas, que provenían de los sectores que tenían representatividad
legal y legítima en el espacio público. Ahí estaban presentes los conservadores,
fue el caso de Juan Enrique Concha; también la sensibilidad mesocrática, como
el radical Valentín Letelier; incluso las posiciones más “jacobinas” del Chile
del centenario pudieron expresarse a través de Luis Emilio Recabarren, fundador
del Partido Obrero Socialista. Estos representantes del sistema político y sus
colectividades no renunciaron a desarrollar acciones en procura de la
“integración y cohesión social”, asumiendo que esa vía proporcionaba un
incremento de los actores políticos en el escenario republicano con la
consiguiente disputa por la gobernanza.
La
contribución de su investigación se ha visto reflejado, por ejemplo, en los
trabajos que Sergio Grez desarrolló a mediados de los años 2000,
particularmente los que dicen relación con la conciliación y arbitraje. La
legislación social, dominio tradicionalmente abordado por los abogados y
estudiantes de Derecho, adquirió en las páginas de Estado, consenso y crisis social la legitimidad necesaria para
pensar el rol que tuvo en el debate público de la época y en los mecanismos de
control socio-laboral, en los cuales la historiadora María Angélica Illanes
no avanzó lo suficiente.
Luego
de una década de la publicación de su libro es necesario hacer un punto de inflexión
y reconocer que estamos en presencia de una investigación que nos invita a discernir
sobre nuestro presente. En la actualidad el espacio público chileno está
fragmentado en múltiples proyectos colectivos, que poco tienen que ver con un
sentido único de país, menos con demandas exclusivamente nacionales. La clase
política –profesional pero menos republicana que antaño– tiene escasa sintonía
con el debate de las colectividades, lo que explica, por ejemplo, la
inexistencia de políticas sociales hacia la población de la tercera y cuarta
edad, expresado particularmente en la vuelta de espalda a la situación del
sistema de pensiones, o para qué reiterar el abandono consciente del “duopolio”
de la educación pública, círculo virtuoso en el pasado para la superación de la
pobreza, el determinismo laboral y contribución sustancial para la integración
del tejido social.
El
libro de Yáñez Andrade es una excelente oportunidad para hacer una relectura de
nuestros procesos de integración y desajustes sociales, pero también es útil
para seguir promoviendo enfoques socio-históricos de un tema que, para el caso
de Chile, sigue siendo una frontera abierta.
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